Hubo un tiempo en que el relacionamiento comunitario era visto como una actividad paralela al negocio.
Mientras la organización producía, construía o prestaba servicios, un pequeño equipo se encargaba de conversar con dirigentes sociales, organizar reuniones, coordinar fondos concursables o ejecutar programas comunitarios.
Era una función importante, pero pocas veces estratégica.
Hoy esa realidad comenzó a cambiar.
No porque las comunidades hayan adquirido más poder que antes, sino porque las organizaciones empezaron a comprender que muchos de sus principales riesgos no nacen dentro de la empresa. Nacen en el territorio.
Y cuando eso ocurre, el relacionamiento comunitario deja de ser una herramienta reputacional para convertirse en una capacidad de gestión del riesgo.
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La Licencia Social para Operar (LSO) es la aceptación que una comunidad otorga —de manera informal y dinámica— a una organización para desarrollar sus actividades dentro de un territorio.
A diferencia de un permiso ambiental o una autorización administrativa, no existe un documento que certifique su existencia.
Se construye lentamente y puede perderse muy rápido.
Lo interesante es que esta aceptación no depende únicamente del impacto que genera una organización, sino también de la forma en que se relaciona con quienes conviven con ese impacto.
En otras palabras, la licencia social no se compra ni se decreta: se construye mediante relaciones consistentes en el tiempo.
¿Relacionamiento = inversión social?
Durante décadas, muchas empresas entendieron que relacionarse con una comunidad significaba entregar beneficios.
- Fondos concursables.
- Donaciones.
- Infraestructura.
- Programas comunitarios.
- Patrocinios.
Todo eso puede ser valioso. El problema aparece cuando esos mecanismos reemplazan la construcción de confianza. Porque una relación basada únicamente en transferencias de recursos suele transformarse en una relación transaccional. Mientras existen recursos, existe vínculo. Cuando desaparecen, también desaparece gran parte de la legitimidad construida.
La confianza, en cambio, funciona distinto.
Se sostiene sobre la coherencia, la transparencia, el cumplimiento de los compromisos y la capacidad de incorporar a otros actores en las decisiones que afectan su territorio.
¿Qué tiene que ver la participación con todo esto?
Aquí aparece un concepto que durante mucho tiempo fue entendido principalmente desde la gestión social: la participación pública.
La evidencia internacional ha mostrado que los conflictos rara vez aparecen porque una comunidad simplemente "rechaza" un proyecto. Con mucha más frecuencia, los conflictos surgen cuando las personas sienten que fueron ignoradas, informadas demasiado tarde o invitadas a participar cuando las decisiones ya estaban tomadas.
Por eso la participación dejó de entenderse como una instancia comunicacional y comenzó a transformarse en una herramienta de gestión.
En este contexto cobra relevancia el trabajo desarrollado por la International Association for Public Participation (que tiene un capítulo latinoamericano).
Su principal aporte no consiste en promover que todas las decisiones sean participativas. Consiste en algo mucho más útil: ayudar a las organizaciones a definir qué nivel de participación corresponde en cada contexto, estableciendo expectativas claras tanto para la organización como para la comunidad.
Informar, consultar, involucrar, colaborar o empoderar no son sinónimos. Cada uno responde a objetivos distintos y elegir incorrectamente puede deteriorar la confianza incluso antes de que el proyecto comience.
El cambio que propone NIIF S1
Hasta hace pocos años, todo esto podía entenderse como una buena práctica de sostenibilidad.
Hoy comienza a ser una obligación estratégica.
Con la adopción de estándares como la NIIF S1, las organizaciones deben identificar y reportar aquellos riesgos relacionados con sostenibilidad que puedan afectar su desempeño financiero.
Eso cambia completamente la conversación porque un conflicto territorial deja de ser únicamente un problema comunitario.
Puede transformarse en:
- retrasos en cronogramas,
- aumento de costos,
- pérdida de continuidad operacional,
- deterioro reputacional,
- incertidumbre para inversionistas,
- dificultades regulatorias.
En otras palabras, lo social comienza a expresarse también como riesgo financiero. Y cuando eso ocurre, la conversación deja de pertenecer exclusivamente al área de sostenibilidad o relacionamiento comunitario y pasa a involucrar a finanzas, operaciones, riesgos, gobernanza y directorio.
La licencia social ya no es un tema "blando"
Quizás el mayor cambio que estamos observando es justamente ese.
La Licencia Social para Operar dejó de ser un concepto asociado únicamente a reputación o responsabilidad social. Hoy representa una condición para la continuidad de muchos proyectos. No porque las comunidades hayan adquirido un "poder de veto", sino porque las organizaciones finalmente están comprendiendo que ignorar a sus grupos de interés genera incertidumbre.
Y la incertidumbre siempre termina teniendo un costo.
¿Qué deberían preguntarse hoy las organizaciones?
Más que preguntarse cuánto invierten en comunidades, quizás deberían comenzar por otras preguntas.
¿Comprendemos realmente cuáles son nuestros grupos de interés?
¿Estamos escuchando antes de tomar decisiones o solamente comunicando decisiones ya tomadas?
¿Nuestra estrategia de participación genera confianza o solo administra expectativas?
¿Estamos construyendo legitimidad... o dependencia?
Las respuestas a esas preguntas probablemente dicen mucho más sobre la resiliencia futura de una organización que cualquier indicador de inversión social.
Mirar el territorio también es gestionar riesgos
La Licencia Social para Operar no garantiza que nunca existirán conflictos. Pero sí aumenta la capacidad de una organización para anticiparlos, comprenderlos y enfrentarlos antes de que se transformen en crisis.
Y esa capacidad ya no pertenece únicamente al mundo del relacionamiento comunitario.
Hoy forma parte de la gestión estratégica de cualquier organización que aspire a operar de manera sostenible.
Porque construir confianza ya no es solo una buena práctica.
Es una forma de reducir riesgos, fortalecer la continuidad operacional y tomar mejores decisiones en contextos cada vez más complejos.